La vida de los otros: por Decreto-ley los extranjeros sin permiso ya no son de los nuestros en términos sanitarios.

Hasta la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, disponía, entre otras cosas, que “los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles…” A partir de ese Decreto-ley “los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria”. Y en ese mismo Decreto-ley se modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de manera que (artículo 3) “… tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: … extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español,…”. Por tanto, los extranjeros mayores de edad y sin permiso de residencia ya no tienen el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, pues se reduce a la atención de urgencia en caso de enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y postparto.

Además de las obvias consideraciones a propósito de la indignidad que tal medida comporta, de su dudosa utilidad económica, de los problemas sanitarios que puede comportar, de que otros Estados europeos no han hecho lo mismo y de la muy discutible, en términos constitucionales, dejación por parte de los Poderes Públicos de su obligación (artículo 43 de la Constitución) de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”  y de la conexión del derecho a la protección de la salud con la garantía de la vida y la integridad física (derechos de titularidad universal en España), una vez más nos encontramos con una aplicación espuria del Decreto-ley a una situación que ni es extraordinaria ni urgente, como lo prueba el propio hecho de que el Gobierno no aplicará dicha medida hasta el 1 de septiembre.

Por si fuera poco, el artículo 86 de la Constitución prevé que el Decret0-ley no puede “afectar” a los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I” (el derecho a la salud está en ese Título) y parece que sí se está afectando al derecho a la salud si con una modificación normativa como la que implica el Decreto-ley 13/2012 se altera de manera tan sensible el haz de facultades en que consistía hasta ahora tal derecho.

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Un pensamiento en “La vida de los otros: por Decreto-ley los extranjeros sin permiso ya no son de los nuestros en términos sanitarios.

  1. Como se modifica una ley de desarrollo de esos derechos constitucionales, como es la dicha ley orgánica, y no se modifica de facto el artículo constitucional, pues no pasa nada…

    Es una pena que en época de crisis siempre se culpe a los extranjeros, cuando hace un par de años decían en las noticias que hacía falta más mano de obra para poder compensar el número de jubilados que había, pero lo han arreglado de un plumado aumentando la edad de jubilación en 2 años, así por desgracia están las cosas.

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