Una fórmula para el ejercicio del derecho de petición en relación con la reforma constitucional sobre la democracia directa.

AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

LAS PERSONAS ABAJO FIRMANTES, al amparo del artículo 29 de la Constitución española de 1978 que reconoce el derecho fundamental de petición colectiva, y de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, SOLICITAMOS QUE, en el ejercicio de sus competencias constitucionales, el Congreso de los Diputados inicie un proceso de reforma constitucional para la modificación de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución de manera que:

1)    se supriman los límites materiales que impiden el ejercicio de la iniciativa legislativa popular en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional y en lo relativo a la prerrogativa de gracia,

2)    el referéndum pueda versar, tal y como contemplaba el Anteproyecto de Constitución, sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, y la derogación de leyes en vigor. También que el referéndum pueda ser solicitado por 500.000 personas y que el resultado sea vinculante si ha participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y si lo aprueban por  mayoría de los votos válidamente emitidos,

3)    los ciudadanos puedan, en número de 500.000, promover la reforma de la Constitución en las mismas condiciones que el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas de las Comunidades Autónomas.

Solicitamos también que una vez aprobada esta reforma constitucional por las Cortes Generales se someta a referéndum de acuerdo con lo previsto en el artículo 167 de la Constitución.

Finalmente pedimos que la contestación a esta petición se inserte en el diario oficial que corresponda.

NOMBRE  Nº DOCUMENTO FIRMA   NACIONALIDAD

Anuncios

4 pensamientos en “Una fórmula para el ejercicio del derecho de petición en relación con la reforma constitucional sobre la democracia directa.

  1. No me parece congruente con la idea de democracia directa la referencia que se hace en el punto 3 al artículo 167 de la CE, en el que se exige para someter a referendum la reforma constitucional que lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

    Si bien entiendo que pueda resultar adecuado integrar la iniciativa popular de la reforma constitucional dentro del procedimiento ordinario en aras de un menor trastorno del texto constitucional creo que si se pide una mayor participación ciudadana en los asuntos políticos no puede quedar en manos de las cámaras el referendum para raficar una iniciativa que haya partido de los ciudadanos.

    El problema es claro. Desde un punto de vista fáctico, nos podríamos encontrar con una iniciativa ciudadana, que tras su paso por las Cortes fuera aprobada con modificaciones, sin que los ciudadanos pudieran pronunciarse sobre las alteraciones de su propuesta (salvo que un buen número de los diputados o senadores que han participado en su modificación les den la palabra).

    Me resultaría más adecuada la referencia al 168 CE (aunque se trate del procedimiento agravado) o directamente fijar el requisito de que la reforma instada a través de la iniciativa popular haya de ser necesariamente ratificada por el pueblo.

  2. No estoy especialmente puesto en las iniciativas legislativas populares que se hayan ejercido desde la aprobación de la CE. Con riesgo a equivocarme (y con la posible objeción que me puedan hacer de que el 87.3 CE limita en gran medida las materias sobre las que esta puede recaer), creo que han sido pocas.

    Si bien la iniciativa legislativa popular me resulta un ideal democrático básico encuentro serias dificultades en su puesta en práctica, aparte de otros inconvenientes. A simple vista los siguientes:

    – La Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular pide que se acompañe el texto articulado de la proposición de ley. Elaborar el texto articulado de una ley no es sencillo. Las Cortes Generales disponen de medios personales y materiales de cara a la preparación de las leyes que son necesarios y no están al alcance de los ciudadanos.

    – En materia tributaria, sinceramente, la iniciativa legislativa popular creo que llevaría a absurdos. El derecho tributario es técnicamente muy complejo, impopular, y diría que hasta incomprendido por los ciudadanos.

    – La materia de derechos fundamentales es muy delicada. Si bien es cierto que existe un cierto ambiente de protesta en cuando a limitaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos, no alcanzo a ver un consenso de los ciudadanos sobre que hay que cambiar y como. Por contra, me dan miedo ciertas cuestiones sobre las que sí se podría producir un consenso importante en la sociedad: agravación de las penas, juzgar a menores como a personas adultas…

    – Y aparte de todo esto, para no tener grandes esperanzas, llegada la proposición a las Cortes, podrían modificarla hasta que resultara irreconocible a los más de 500.000 firmantes.

  3. Y una pregunta, porque hay algo que no entiendo. ¿Si cree que el derecho de petición regulado en la Ley Orgánica 4/2001 es cauce adecuado para lograr una reforma constitucional que le impide usar el derecho de petición para solicitar al Congreo o al Senado que inicie el procedimiento para la aprobación de una ley que afecte a derechos fundamentales?

    Si pretende cambiar la Constitución (objetivo más dificil de nuestro ordenamiento) no se que le impide mediante el derecho de petición pedir que se apruebe una ley.

    Sinceramente, creo que los problemas actuales son más de fondo que de forma. Medios existen de sobra para cambiar el ordenamiento jurídico. El problema es qué cambiamos. Si llega el día en que sepamos lo que tenemos que cambiar, podremos hacerlo sin falta de modificar la CE.

  4. Hola Noé, trato de contestar de manera unitaria a los tres comentarios:
    1) la referencia que se hace en el punto 3 al artículo 167 de la CE tiene que ver con qué en dicho artículo se contempla la posibilidad de convocar un referéndum a través del cual los ciudadanos se pronuncien sobre una reforma constitucional aprobada por las Cortes; dicho referéndum no es obligatorio sino que depende de la solicitud de 1/10 de diputados o senadores; pues bien, por coherencia con lo que pedimos de más democracia directa también solicitamos que las Cortes no se limiten a aprobar la reforma que pedimos sino que den la última palabra a los ciudadanos;
    2) como apuntas la iniciativa legislativa popular tiene una serie de requisitos que la hacen compleja y de difícil ejercicio pero, precisamente por eso, creemos que si los ciudadanos son capaces de cumplir esos requisitos no es democrático vetar esta posibilidad: a) la elaboración de un texto articulado puede tener mayor o menor dificultad, depende de la extensión de la propuesta y de la materia sobre la que verse pero hay supuestos en los que es técnicamente sencilla y entre los ciudadanos firmantes de la propuesta también pueden estar personas técnicas en derecho que ayuden a darle forma jurídica; de no contar con ellas siempre se pueden contratar sus servicios de la misma manera que se contrata la asistencia de un abogado; b) el derecho tributario es, ciertamente complejo, pero no presumo que los ciudadanos sean menos inteligentes que los diputados o senadores; lo importante es que esté claro lo que se pide -¿es tan complicado entender lo que significa restablecer el impuesto sobre el patrimonio o introducir una deducción por compra de vivienda?- y contar con expertos en la materia; c) lo que apuntas en materia de derechos fundamentales puede, efectivamente, producirse; de hecho ya ha ocurrido: se presentaron más de 3000000 de firmas para exigir el cumplimiento íntegro de penas; la cuestión está en que eso luego debe debatirse en sede parlamentaria y, lo que para mí es más importante, hay ciertas iniciativas que no podrían prosperar por la sencilla razón de que son inconstitucionales: normas discriminadoras, pena de muerte,…; en todo caso coincido en ese riesgo pero es que vivir en una sociedad democrática también implicar debatir esas cuestiones y no dejar que otros decidan siempre que es lo mejor para todos; d) finalmente puede ocurrir que esa iniciativa no sea aprobada por las Cortes; en tal caso serán las Cámaras las que tendrán que explicar a los ciudadanos por qué no han considerado oportuna esa aprobación; puede ser frustrante pero también supone un diálogo que ahora no existe;
    3) Nada impide que por derecho de petición se pida la reforma de una ley pero no queremos quedarnos en las reformas legales sino modificar la propia Constitución, ¿por qué? Porque es la propia Constitución la que obliga a acudir al derecho de petición ante la imposibilidad de reclamar un referéndum o presentar una iniciativa legislativa popular en materias muy relevantes para los ciudadanos; claro que es difícil cambiar la Constitución pero es no es motivo para no intentarlo si se considera que debe hacerse para ajustarla a las demandas de los ciudadanos; algo que tienen muy claro en Francia, Alemania o Portugal, que han cambiado sus Constituciones sin mayores problemas y sin que nadie tuviera miedo de actualizar la norma fundamental que regula la convivencia democrática.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s