Propuesta para un cambio constitucional que haga efectiva la democracia directa.

1.- Premisa: la ausencia de una sociedad democrática avanzada.

Establecer una sociedad democrática avanzada es uno de los objetivos que se proclama en el Preámbulo de nuestra Constitución y que en parte se concreta en el artículo 23 cuando se reconoce que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,…” Si transcurridos casi 33 años desde la entrada en vigor de la Constitución la participación por medio de representantes está consolidada, no se puede decir lo mismo de la participación directa. Y esta carencia de instrumentos de intervención inmediata lastra nuestra democracia, que no será plena hasta que se articulen instrumentos adecuados para que los ciudadanos tomen parte de manera directa en las decisiones más relevantes de la comunidad política.

Las cortapisas a la democracia directa empezaron en el proceso constituyente, olvidando algo que ya contempló la Constitución de 1931: la posibilidad de que los ciudadanos pudieran pronunciarse de manera vinculante sobre las leyes aprobadas por las Cortes.  El artículo 66 de la Constitución de 1931 disponía: El pueblo podrá atraer a su decisión mediante “referéndum” las leyes votadas por las Cortes. Bastará, para ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral. No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales, ni las leyes tributarias. El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los electores. Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del “referéndum” y de la iniciativa popular.

Enlazando en cierta medida con la Constitución de 1931, el artículo 85 del Anteproyecto de Constitución de 1978 decía: 1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos. 2. En los dos primeros supuestos del número anterior el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras, o de tres asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto, la iniciativa podrá proceder también de setecientos cincuenta mil electores… 4 El resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado.

Sin embargo, en la redacción definitiva de ese precepto desapareció el referéndum derogatorio (que los ciudadanos pudieran decidir, como acaba de ocurrir en Italia, la derogación de una ley) y que esos mismos ciudadanos en número de 750.000 pudieran pedir esa consulta popular. Ahora (art. 92): 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Para explicar por qué se aprobó un artículo 92 mucho más restrictivo, Peces Barba sostuvo que “estamos a favor de la democracia directa, pero el referéndum puede implicar la manipulación de la pregunta que se hace al pueblo y puede constituir, como en Italia, un practica antidemocrática”. En realidad a los constituyentes españoles les parecieron preocupantes los resultados del referéndum italiano de 11 de junio de 1978 sobre la Ley de financiación de los partidos políticos, a favor de cuya derogación se pronunciaron el 43% de los votantes.

En segundo lugar, la iniciativa legislativa popular también se ha incluido en la Constitución de 1978 de manera muy restrictiva; mucho más que en la Constitución de 1931. Hoy (artículo 87.3) no puede ejercerse en “materias propias de Ley Orgánica”, con lo que no cabe en cuestiones directamente relacionadas con el desarrollo constitucional de los derechos fundamentales y las libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, ni en todos aquellos ámbitos cuya regulación exige, por mandato constitucional, la aprobación de una Ley Orgánica (Defensor del Pueblo, sucesión  a la Jefatura del Estado,…). Tampoco se admite (artículo 166) para promover la reforma de la Constitución.

Leyendo el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, se constata la nula confianza que al Legislador le merecen sus ciudadanos; así, se alude a “las limitaciones propias de este instituto, derivadas de las enseñanzas históricas, que demuestran la facilidad con que el recurso al pronunciamiento popular directo puede servir de fácil cauce para manipulaciones demagógicas o, incluso, para intentar legitimar con un supuesto consenso popular, lo que no es en sustancia sino la antidemocrática imposición de la voluntad de una minoría…”

En definitiva, nuestro texto constitucional apenas otorga relevancia a la democracia directa como forma alternativa de participación ciudadana a la que ofrece el sistema representativo.

2.- Conclusión: es necesaria una reforma constitucional que articule posibilidades de democracia directa.

Con la regulación actual los ciudadanos no pueden iniciar la reforma de la Constitución, no pueden pronunciarse con carácter vinculante sobre la derogación de las leyes más relevantes ni siquiera pueden promover una iniciativa legal para que se apruebe, cambie o derogue una ley relativa a los derechos fundamentales y libertades públicas, el sistema electoral o las instituciones más importantes del Estado. Este impedimento constitucional no debe ser un obstáculo para que se traslade a quienes sí tienen capacidad para ello -el Gobierno, el Congreso, el Senado y los Parlamentos Autonómicos- la necesidad de una reforma constitucional de los artículos 87 y 92. ¿O es que consideramos que nosotros merecemos menos poder político que, por ejemplo, los ciudadanos italianos o suizos? Según el artículo 75 de la Constitución italiana: Se celebrará referéndum popular para decidir sobre la derogación total o parcial de una ley o de un acto con fuerza de ley cuando lo soliciten 500.000 electores o cinco consejos regionales. No se admitirá el referéndum para las leyes tributarias y presupuestarias, de amnistía y de indulto, ni de autorización para ratificar tratados internacionales. Tendrán derecho a participar en el referéndum todos los ciudadanos llamados a elegir la Cámara de Diputados. La propuesta sometida a referéndum será aprobada si ha participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y si se alcanza la mayoría de los votos válidamente emitidos. La ley determinará las modalidades de celebración del referéndum.

De acuerdo con el artículos 138 y 139 de la Constitución suiza: Podrán proponer la revisión total de la Constitución 100.000 ciudadanos con derecho de voto… Podrán proponer la revisión parcial de la Constitución 100.000 ciudadanos con derecho de voto. Las iniciativas populares para la revisión parcial de la Constitución podrán revestir la forma de proposición, concebida en términos generales, o de un proyecto redactado…

3.- ¿Cómo se puede incentivar esa reforma constitucional?

Ante la imposibilidad constitucional de que los ciudadanos puedan promover una reforma constitucional, se puede emplear otro instrumento: el derecho de petición, que se encuentra reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la Constitución. Como indica el Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2001, que lo desarrolla, “los destinatarios de la petición pueden ser cualesquiera poderes públicos o autoridades, incluyendo los diferentes poderes y órganos constitucionales, así como todas las Administraciones públicas existentes… Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular…”

Y, precisamente, esta es la vía cuando no existe otra prevista; es lo que dice ese Preámbulo: “su carácter supletorio respecto a los procedimientos formales específicos de carácter parlamentario, judicial o administrativo obliga a delimitar su ámbito… a todo aquello que no deba ser objeto de un procedimiento especialmente regulado”. En suma, se puede ejercer este derecho ante el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y los Parlamentos autonómicos para que hagan uso de su facultad de iniciar la reforma de la Constitución.

¿Cómo se ejerce? Es muy sencillo: según el artículo 4 de la Ley Orgánica, “1. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. 2. En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos”.

El artículo 6 dispone que “1. El escrito en que se deduzca la petición, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrán presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. La administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción…             Finalmente, y según el artículo 11,  1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial. 2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general. 3. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.

4.- ¿Cómo se podría aprobar la reforma constitucional?

 Si el Congreso de los Diputados y el Senado aceptan el contenido de nuestra petición, el cambio constitucional es relativamente sencillo: aunque los artículos 87 y 92 están relacionados con el artículo 23 se puede entender que no forman parte del conjunto de artículos que deben ser modificados por la complicada vía prevista en el artículo 168 de la Constitución sino por la mucho más sencilla del artículo 167, que se usó en 1992 para realizar el único cambio que ha habido hasta ahora.

Según el artículo 167: “1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”.

5.- ¿Qué podemos pedir en materia de democracia directa

Que tengan un contenido diferente los artículos 87, 92 y 166; por ejemplo:

a) artículo 87.3: “Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas”.

La reforma consiste en suprimir la frase que limita la iniciativa: “No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.

b) artículo 92: 1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos (es lo que estaba en el Anteproyecto de Constitución). 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, o de 500.000 ciudadanos (en coherencia con la iniciativa legislativa popular). 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

c) artículo 166: La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87. (se suprime la referencia a los apartados 1 y 2 para no excluir la iniciativa legislativa popular)

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Un pensamiento en “Propuesta para un cambio constitucional que haga efectiva la democracia directa.

  1. Les dejo un enlace, no se si conocerán ustedes el asunto, pero se trata de la puesta en práctica de el asunto, hace ya un año. Se está a la espera, pacientemente, de una respuesta, y en su caso, lamentablemente, interponer recurso de amparo directo ante el TC , vía arts. 40 y 41 de su ley, ante el ignominiosos silencio, expresamente prohibido. Bueno, si tiempo, lean: “http://tomatucuota.blogspot.com/”

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