Por una democracia decente: algunas propuestas.

El término decente tiene aquí el sentido empleado por Avishai Margalit en su libro La sociedad decente: una democracia decente sería aquella que respeta, a través de sus instituciones, a las personas que están sujetas a su autoridad. Ese respeto exige que se les considere ciudadanos plenos y no súbditos, personas iguales en derechos y con capacidad para autodeterminarse y decidir el sentido en el que quieren orientar su vida individual y colectiva. En una democracia decente el pueblo gobernado debe ser, en la mayor medida posible, pueblo gobernante. Y tal cosa no ocurre en la medida deseable en la democracia española; no es consuelo que algo similar suceda en Estados con más tradición democrática como se puede deducir a propósito de Estados Unidos leyendo a Bruce Ackerman (The Decline and Fall of the American Republic) o de Italia a Luigi Ferrajoli (Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional).

En primer lugar, porque parte del pueblo gobernado no puede actuar como pueblo gobernante a pesar de que tiene la condición adecuada para ello: una edad mínima que permita presumir capacidad suficiente para la autodeterminación personal, para intervenir en la formación de las diferentes opciones políticas y pronunciarse sobre ellas. En esa situación se encuentran las personas de 16 y 17 años, a las que el propio sistema considera con madurez suficiente para casarse, trabajar, pagar impuestos, asumir responsabilidades penales o, en el caso de las mujeres, abortar; si pueden llevar a cabo esas acciones y responder por ellas es porque tienen suficiente discernimiento para decidir con libertad, por lo que en lógica coherencia democrática también tendrían que poder votar, como sucede, a partir de los 16 años en Brasil, Ecuador o Austria.

En segundo lugar, otra parte de ese pueblo gobernado excluido es la formada por los extranjeros, que en la mayor parte de los Estados, España incluido, como mucho pueden participar en las elecciones locales, pero no en las autonómicas y generales. La democratización de los procesos políticos internos e internacionales, la globalización incontenible y el flujo constante de personas de unos países a otros convierten en perversas y anacrónicas estas exclusiones, y reclaman la  extensión de los derechos políticos a los no nacionales porque en un Estado democrático los ciudadanos deben serlo por su relación jurídica con el Estado, por el conjunto de derechos y obligaciones que integran dicha relación. Cuando el Estado admite que un individuo tenga la condición de residente surge una relación integrada por un conjunto de obligaciones jurídicas y de derechos subjetivos que tendría que desembocar en una posición jurídica unitaria: la de ciudadano. La persona que vive en España, sea español o no, está  obligada por las leyes españolas y, precisamente por esa circunstancia, tiene que gozar de los derechos de participación política para poder participar en la elaboración y reforma de esas normas. El pueblo gobernante no debe caracterizarse de acuerdo con criterios históricos o étnicos –democracia de identidad-, sino por el hecho de estar vinculado durante cierto tiempo al ordenamiento jurídico que forma un Estado –democracia de afectación-.

En tercer lugar, y por ese motivo, es difícil justificar en términos democráticos la participación en todas las elecciones de personas que, si bien conservan el vinculo de la nacionalidad con un Estado,  han dejado de residir en el ámbito geográfico de aplicación de sus normas muchos años atrás o ni siquiera han estado allí, como sucede cuando se trata de nacidos fuera del territorio nacional. En esta línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado, en el asunto Melnitchenko c. Ucrania, “que la obligación de residir en el territorio nacional para poder votar se justifica en las razones siguientes: 1. Un ciudadano no residente está afectado de manera menos directa o continuada por los problemas cotidianos de su país y él los conoce peor; 2. Puede resultar difícil (o casi imposible) o inoportuno para los candidatos exponer las diferentes opciones electorales a los ciudadanos residentes en el extranjero, de manera que se respete la libertad de expresión; 3. La influencia de los ciudadanos residentes en el territorio nacional en la selección de los candidatos y en la formulación de sus programas electorales, y 4.  La correlación existente entre el derecho de voto y el hecho de estar directamente afectado por los  actos de los órganos políticos así elegidos”. Por tanto, sería aconsejable modificar la Ley Electoral para que las personas que lleven un determinado número de años (4 o 5 como mínimo) fuera de España no puedan ejercer el sufragio en elecciones locales, como ya se ha aprobado este año en España, ni autonómicas.

En cuarto lugar, desde premisas democráticas es indiscutible que debe atribuirse el mismo valor a todos las opiniones y sufragios, lo que a su vez tiene relación con la garantía de la existencia de distintas maneras de entender la organización del poder dentro de la sociedad y la atribución a todas de similares posibilidades de realización practica.  El igual valor del sufragio se ha desvirtuado en España con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que ha fijado la composición del Congreso de los Diputados en 350 (50 menos de los permitidos por la Constitución), ha atribuido un mínimo de dos diputados (en lugar de uno) a cada provincia y ha optado por la fórmula electoral D’Hondt, que sí genera resultados proporcionales en circunscripciones grandes (las que eligen 11 o más personas) pero actúa casi como una fórmula mayoritaria en las pequeñas, que en España representan el 95% de las provincias. La consecuencia es una asignación desproporcionada de escaños, que beneficia a las provincias menos pobladas y perjudica a las que tienen mayor número de habitantes, de manera que las primeras acaban teniendo un mayor número de escaños que el que les correspondería por su población. Además, influye en el sistema de partidos, reduciendo el número de los que acceden a las instituciones representativas y aumentando la probabilidad de que se produzcan cómodas victorias electorales del partido mayoritario: en el año 2000 el Partido Popular con el 44,52% de los votos consiguió el 52,2% de los escaños y en 2008 el Partido Socialista con el 43,87% de los votos el 48,2% de los escaños. U una reforma radical exigiría una modificación constitucional, pero un cambio en los mimbres legales ya produciría efectos significativos: en el Congreso de los Diputados bastaría con ampliar el número de escaños al máximo permitido por la Constitución (400), reducir a uno el mínimo asignado a cada provincia, incorporar una fórmula electoral que produzca con esos parámetros resultados más proporcionales y suprimir la barrera electoral. Puede verse el distinto resultado que pruducen la fórmula D’Hondt y la Saint-Lägue con el siguiente ejemplo: la primera exige que los votos de cada candidatura se dividan entre 1, 2, 3,… hasta el número que coincide con el de escaños a elegir; la segunda divide entre los impares: 1, 3, 5, 7,… En ambos casos los escaños se atribuyen a los mayores cocientes hasta alcanzar los representantes a elegir. Supongamos una circunscripción de 8 diputados con 5 candidaturas: A (168.000 votos), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000), F (32.000). En la fila horizontal aparecen las divisiones entre 1, 2, 3, hasta 8 y en la vertical las candidaturas; los 8 mayores cocientes aparecen en negrita y resulta que la D’Hondt permite la entrada de 4 candidaturas y que el partido más votado tenga la mitad de los representantes; con la Saint-Lägue entran 5 candidaturas y el primer partido no resulta tan beneficiado.

Fórmula D’Hondt

                1                       2                 3                    4

A    168.000     84.000    56.000    42.000     

B    104.000     52.000     34.666       26.000     

C      72.000      36.000        24.000     18.000      

D      64.000     32.000        21.333      16.000      

E        40.000        20.000         13.333      10.000             

F       32.000       16.000        10.666        8.000              

La candidatura A obtiene 4 escaños; B 2; C y D 1.

Fórmula Saint-Lägue:

             1                    3                 5                  7

A    168.000    56.000    33.600     24.000

B    104.000    34.666     20.800       14.857     

C      72.000    24.000       14.400        10.285     

D      64.000    21.333        12.800         9.142     

E       40.000   13.333          8.000        5.714     

F       32.000      10.666         6.400        4.571

La candidatura A obtiene 3 escaños; B 2; C, D y E 1.

Los resultados de la elección deben reflejarse en el funcionamiento de las instituciones representativas por lo que no es admisible que esa entidad se vea privada de uno o varios de sus miembros por el disfrute de permisos de maternidad o paternidad, enfermedad prolongada o condena penal. En tales circunstancias pueden decidirse asuntos tan relevantes  como la presidencia del Gobierno, una moción de censura, la aprobación de los presupuestos, ,…  Si la mayoría deja de serlo, por circunstancias sobrevenidas y que no le son imputables, se estará desvirtuando la expresión del pluralismo presente en la sociedad. Por eso se debe  regular la sustitución temporal de los representantes, como ya se ha hecho en Portugal, Brasil, Holanda, Dinamarca o Suecia.

Pero, en quinto lugar, conviene recordar que nuestra democracia no se reduce a las elecciones ni a las instituciones representativas y que los ciudadanos deben participar de manera directa en las decisiones que por su trascendencia demanden, como exigencia del propio principio democrático, este pronunciamiento inmediato. La democracia directa no consiste en la ratificación de resoluciones adoptadas de antemano por los partidos y formalizadas por las instituciones estatales; no es sólo una fórmula para comprobar la fiabilidad de  la representatividad de los órganos de esta naturaleza, sino también una vía directa para la comunicación entre la sociedad y el Estado. La exigencia de una óptima participación no es una cuestión de cantidad, de la mayor participación posible, sino también de calidad, de la mejor participación posible del conjunto de los ciudadanos, lo que supone el reconocimiento del carácter principal y no subordinado de la democracia directa. Sin embargo, tanto la calidad como la cantidad nuestra democracia directa son ridículas: aunque estaba en el Anteproyecto la Constitución no ha incorporado ni la posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar la convocatoria de un referéndum, ni tampoco que pueda tener carácter legislativo, a diferencia de lo que sucede en Irlanda o Italia. Queda a expensas de que lo promueva el Presidente del Gobierno y lo autorice el Congreso de los Diputados (art. 92) y tal cosa ha ocurrido en 2 ocasiones durante 33 años de democracia, mientras en Estados Unidos, Italia o Suiza esas consultas se cuentan por decenas. ¿Es admisible que una decisión sobre la construcción de nuevas centrales nucleares se tome sin consultar a los ciudadanos?

Otra forma de intervención directa de los ciudadanos es la iniciativa legislativa popular y tampoco aquí las previsiones constitucionales han sido mucho más generosas, pues a las restricciones de carácter general contenidas en el artículo 87.3  hay que añadir su exclusión en los procedimientos de reforma constitucional (art. 166), siendo significativo el hecho de que no pueda ejercerse en “materias propias de Ley Orgánica”, con lo que se veda a esta institución el acceso a los derechos fundamentales y las libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general (art.81), además de todos aquellos ámbitos cuya regulación exige, por mandato constitucional, la aprobación de una Ley Orgánica (Defensor del Pueblo, sucesión  a la Jefatura del Estado,…). ¿Es aceptable en democracia que los ciudadanos no puedan promover la aprobación de una ley de muerte digna, un cambio en el Código Penal o la modificación de las leyes que regulan el voto o los derechos de reunión, asociación o educación?

El referéndum y la iniciativa legislativa popular exigen una reforma constitucional para que sirvan como instrumento de participación y forma de control de los partidos y de los representantes en el ejercicio de sus funciones.

Si a lo anterior pudiéramos sumar un control eficaz del dinero que reciben y gastan los partidos políticos, una reforma de la financiación electoral para hacer más austera y equitativa, la desaparición de las cuotas de partido en las instituciones no políticas, la erradicación del sistema de botín en forma de nombramiento de afines para numerosos cargos en las administraciones públicas, la reforma en un sentido restrictivo de las prerrogativas de los parlamentarios, y la aprobación de una Ley de acceso a la información pública para que los poderes públicos posibiliten el conocimiento de miles de documentos e informes oficiales, nuestra democracia habría alcanzado, a los treinta y tantos, la mayoría de edad y sería un poco más decente.

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5 pensamientos en “Por una democracia decente: algunas propuestas.

  1. hola Miguel Angel,
    Perfectamente explicado.
    a)¿podrías comentarnos el “milagro” que se tendría que dar para modificar la LOREG?
    b)Creo que el quinto epígrafe (referendum) daría para un solo post, te animo a que lo trates en profundidad.
    c)y si se planteara modificar la Constitucion ¿que opinión te merece la eliminación del Senado (unicameralismo)?

    • Hola Javier, disculpa la demora en contestar; respecto a la reforma sustancial -ha habido algunos cambios- es casi tan improbable como una reforma constitucional; hace poco el Consejo de Estado aprobó un Informe que avalaba algunas reformas y no se le ha hecho caso alguno; puedes verlo en http://www.consejo-estado.es/pdf/REGIMEN-ELECTORAL.pdf;
      en relación con la democracia directa, efectivamente merecería una atención especial, pero la regulación tan restrictiva prevista en la Constitución y la aplicación todavía más estrecha que se ha hecho de sus instrumentos la han convertido en inoperante; en caunto al Senado, si la reforma no lo convierte en auténtica Cámara territorial seguirá siendo una Cámara no de segunda lectura sino de segunda división.

  2. ¿Podrías dedicar una entrada a hablar de la relación del poder judicial y el gobierno y qué se podría hacer para acabar con esta vinculación?

    • Hola, Laura, la conexión que mencionas se produce entre las instituciones politicas (Gobierno, Cortes Generales) por una parte y por otra los órganos de gobierno del Poder Judicial (Consejo General), aunque tampoco está al margen el Tribunal Constitucional, el de Cuentea,…. La composición y funcionamiento de esos órganos no debiera adoptar tintes representativos y, en particular, no tendrían que ser un reflejo de las “cuotas de partido”. Pero hemos llegado a un punto en el que esas conexiones han provocado un gran deslegitimación de instituciones que no deben tener un carácter político. Se pensó que, al modo de lo que ocurre en Estados Unidos, podría ser positiva la presentación y discusión pública de los méritos de los candidatos al CGPJ, el TC,…,, como fórmula alternativa a las conflictivas y secretas negociaciones que llevan a cabo las formaciones políticas mayoritarias. Los resultados hasta ahora no han sido muy positivos, pues los “exámenes” son muy fáciles de aprobar y, lo que es más importante, cuando llegan a la institución muchos de los nombrados parecen empeñados en confirmar que están ahí como “cuota” de una formación política.

  3. Estimado Miguel Ángel:

    Llevo días echando de menos precisamente esto: una reflexión sistemática, perfectamente documentada, serena y precisa sobre las inquietudes que alimentan el movimiento de los indignados.
    Acabo de leer el libro de Judt, Algo va mal, y coincido plenamente en que muchos de los cambios que se están pidiendo, con los que gran cantidad de ciudadanos estamos de acuerdo, necesitan encauzarse institucionalmente, en el caso de países con democracia como el nuestro. El paso decisivo es, entonces, buscar los mecanismos para ello, proponer medidas concretas como reformas legislativas, aunque la suma de fuerzas requerida sea desproporcionada. En ese punto es en el que quería agradecerte estos textos que publicas. Esto hace falta ahora con mucha intensidad.
    A diferencia de lo que ocurre en el ámbito árabe, aquí ya tenemos democracia. Lo que necesitamos es estimularla, agilizarla, incluso engrasar sus engranajes. Aunque muy probablemente en un principio las instituciones presenten el hormigueo de lo que acaba de despertarse. Ése sería el primer buen síntoma.
    Si no se intentan introducir los cambios en el sistema institucional, entonces todo esto caerá en saco roto. El pataleo tiene una función, cierta influencia sobre los políticos. Pero no es suficiente ni la única cosa que podemos hacer ni la más eficaz. Habría que empezar a introducirse en los procesos de toma de decisiones. ¿Cómo? Incluso quizás con un partido político que llevara a la práctica algunas de esas propuestas, primero por ejemplo con carácter asambleario interno, y donde el poder se distribuyese no de arriba abajo, sino de abajo arriba, y donde sus propuestas recogiesen de manera transparente aquello que los ciudadanos han acordado. De esta manera los representantes serían auténticos representantes.

    Un abrazo,

    Noelia Bueno Gómez
    Fac. Filosofía
    Universidad de Oviedo

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