La sentencia del caso Bildu como ejemplo de derecho panfletario.

En las Facultades de Derecho se enseña que antes del moderno Derecho Constitucional existió un Derecho en el que el componente político era esencial, de ahí que se le denominara Derecho Político y, por su cuyo carácter militante en favor del Estado, también se le calificó de panfletario. La resolución del Tribunal Supremo que anuló todas las candidaturas de Bildu parece un ejemplo de ese derecho panfletario.

En primer lugar, se construye de atrás hacia adelante pues antes de valorar las pruebas sobre la continuidad, o no, de estas candidaturas con lo que el Tribunal llama “complejo ETA/Batasuna” ya da por hecho que “este litigio es en cierta medida, como hemos dicho una y otra vez, continuación histórica de los anteriores”.

En segundo término, los argumentos que parecen desecharse sirven para confirmar lo que desmentían: así, aunque el Tribunal acoge las sorprendentes alegaciones de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal –las vinculaciones entre los candidatos de Bildu y el “complejo ETA/Batasuna” o “son tan remotas que resultan irrelevantes, o son inseguras en cuanto a su autenticidad, o hacen referencia a situaciones personales o actividades que no merecen ningún juicio de desvalor”- también admite que “tiene indudable fuerza lógica” que la inexistencia de vinculaciones subjetivas, lejos de desvirtuar las pretensiones de Abogacía y Fiscalía, “es en realidad un indicio más de la razón que les asiste”.

En tercer lugar, la resolución insiste en “levantar el velo” que esconde la conexión entre Bildu y ETA/Batasuna pero, como ya se ha dicho, cuando lo levanta apenas encuentra vinculaciones personales y las que existen no se ocultaron: varios de los promotores de Bildu participaron en anteriores proyectos políticos, algunos ilegalizados, lo que no implica que se les prive del derecho de sufragio pasivo (Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2007).

En cuarto lugar, el Tribunal reitera que su juicio debe estar presidido por el “principio de proporcionalidad”, que obliga a que las medidas limitativas del derecho a concurrir a las elecciones sean lo menos gravosas posibles. Pero, sin haberse acreditado la mayoría de los requisitos previstos en la Ley Electoral para apreciar la continuidad de Bildu respecto a Batasuna -similitud de estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, rigen, representan, administran o integran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales- anula todas las candidaturas, incluyendo a los candidatos de dos formaciones legales: Eusko Alkartasuna y Alternatiba.

Es importante recordar, en quinto lugar, que tras una reciente reforma de la Ley Electoral un representante político puede perder su cargo si ha sido elegido en las listas der un partido o coalición luego ilegalizados “salvo que formule, voluntariamente, una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad”. Parece que lo que puede salvar una vez elegido no sirve de gran cosa antes de la elección, pues como recuerdan los magistrados discrepantes en su Voto particular, todos los candidatos de Bildu ha firmado un escrito que alude a “la oposición por todos los medios a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos”.

Todo lo anterior carece de relevancia para la mayoría que apoya el fallo, pues se fía todo a documentos de diversa índole y, en ocasiones, sin autoría conocida, que demostrarían la manipulación realizada por ETA en Eusko Alkartasuna y Alternatiba. Aquí, el Supremo se mete a sociólogo y recuerda que la primera “ha sufrido una escisión al abandonarlo los componentes y afiliados que rechazaban precisamente la estrategia de acercamiento  a Batasuna” y la segunda es “una escisión de Izquierda Unida  con  limitada relevancia en la vida política y social del País Vasco”. Lo que no tiene en cuenta, por citar uno de los ejemplos del Voto particular, es que algunas de las supuestas maquinaciones de ETA habían sido planteadas de manera abierta por Eusko Alkartasuna cinco años antes: en 2003 su portavoz parlamentario defendió compartir lista con Arnaldo Otegi si rechazaba cualquier violación de derechos humanos.

La última palabra antes de las elecciones la tiene el Tribunal Constitucional, que hace dos años (STC 126/2009), sostuvo que el Estado democrático puede defender el régimen de libertades frente a quienes persiguen su destrucción por medios violentos, [pero] no puede articular esa defensa por otros medios que los legalmente establecidos y sobre la base de certidumbres basadas en hechos y datos debidamente acreditados, nunca a partir de sospechas y convicciones que, por razonables que puedan resultar en términos políticos, han de quedar descartadas como elemento de conformación de la voluntad del poder público. Esta es, para sus críticos, la más grave y peligrosa debilidad del Estado de Derecho. En realidad, constituye su fuerza legitimadora y su verdadera grandeza.

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2 pensamientos en “La sentencia del caso Bildu como ejemplo de derecho panfletario.

  1. Excelente visión sobre la STS sobre Bildu! A mí me resulta desconcertante que, habiéndonos acostumbrado a utilizar los criterios subjetivo, objetivo y funcional para decretar la continuidad/sucesión, en este caso ni siquiera valore si existe o no la intención de mantenerse en la misma actividad que condujo a la ilegalización de Batasuna en 2003…

    Tengo una duda sobre una de las cuestiones que tratas, en concreto sobre la aplicabilidad del art. 6.4 LOREG a las coaliciones electorales. Entiendo que éstas, como las agrupaciones de electores, no pueden ser “ilegalizadas” fuera del recurso contra la proclamación de candidatos, por ser entidades básicamente electorales. ¿Cómo podría aplicarse esta “red de seguridad”, dudosamente constitucional, si no pueden ser anuladas las coaliciones después de las elecciones?

    Un saludo,
    Miguel

    • Hola Miguel, gracias por tu comentario. En relación con tu pregunta, en primer lugar comparto las dudas de constitucionalidad sobre esa disposición; en segundo lugar, el TC ha dicho, como bien sabes, que los escaños son de los representantes, no de los partidos por lo que la ilegalización del partido no tendría que afectar al cargo electo; en tercer lugar, la mención que hago al art. 6.4 es más a efectos dialécticos: si puedes conservar el cargo con esa declaración también tendrías que conservar el derecho a ser candidato; pero en todo caso coincido contigo en la dificultad de aplicar esa previsión a los electos en coaliciones de partidos; para salvar la “lógica” del precepto -que habla de “personas electas en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad- habría que entender que operaría cuando fueran ilegalizados los partidos coaligados, pero en tal caso dudo que se pudiera aplicar a los candidatos independientes.

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