El Tribunal Constitucional italiano: una jurisdicción de la libertad.

Giuliano Vassali, uno de los magistrados que integraban el Tribunal Constitucional italiano en el año 1956, momento en que esta institución comenzó a trabajar, comentó que cuando estaban discutiendo el contenido de su primera sentencia –si eran constitucionales unas normas sobre seguridad pública aprobadas durante el fascismo- se fue la luz, pero sin importarles la repentina oscuridad siguieron trabajando y la luz volvió antes de que concluyeran su tarea.

Ha transcurrido más de medio siglo desde entonces y, aunque se pueden encontrar algunas sombras en la dilatada trayectoria de esta institución, con la reciente sentencia de inconstitucionalidad sobre la ley que otorgaba un manto de impunidad a Berlusconi ha sido el propio Tribunal el que ahora ha traído la luz al oscuro panorama institucional italiano.

Aunque seguramente nunca como ahora su trabajo ha tenido tanta repercusión fuera de Italia, no ha sido la primera vez que tal cosa ocurre. Un breve recorrido histórico lo evidencia: en una primera etapa (desde mediados de los cincuenta hasta principios de los años setenta), la Corte fue esencial para la superación del ordenamiento fascista y la consolidación del Estado democrático de derecho nacido con la Constitución de 1947. Su “activismo” se hizo necesario por la inoperancia reformadora del Parlamento y se concretó, entre otras, en sentencias que aseguraron el derecho de reunión, la igualdad entre hombres y mujeres y entre los esposos, el derecho de defensa en las actuaciones procesales, la libertad ideológica y de expresión o el derecho de huelga; sentencias que, dicho sea de paso, despertaron pocas simpatías en el Vaticano.

En una segunda etapa, a partir de la década de los setenta y en plenos “años de plomo”, su función se centrará más en la búsqueda de un equilibro entre los diferentes derechos y valores constitucionales en juego, lo que no fue óbice para que avalara la ley de divorcio o considerara contraria a la Constitución una legislación muy restrictiva del aborto. En estos años también puso en cuestión el monopolio público televisivo y contribuyó a la integración italiana en Europa.

Sus aportaciones al desarrollo de la democracia italiana llevaron aparejada, entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, una creciente afluencia de asuntos que, como era fácil de prever, originó una demora notable en los plazos de terminación de los procesos. Pero el Tribunal supo salir airoso de este reto aumentando su productividad sin merma de la calidad de sus decisiones, que sirvieron para reconocer el derecho a la identidad y libertad sexual, para extender la protección de la salud y para avisar a navegantes que, en materia de prerrogativas de los titulares de poderes públicos, hay “principios supremos que no pueden ser subvertidos en su contenido esencial por [las] leyes”.

Desde los primeros años de la década de los noventa y hasta el momento presente, el Tribunal se ha visto obligado a desempeñar un papel cada vez más activo cómo garante último del sistema constitucional y árbitro de las disputas entre otros órganos constitucionales del Estado. Llegado el momento, no vaciló en llamar la atención sobre las extralimitaciones que otros poderes del Estado venían realizando al amparo de supuestas necesidades prácticas, lo que tuvo uno de sus ejemplos más conocidos en la desvirtuación que el Gobierno venía realizando de los presupuestos para la aprobación de los Decretos-ley.

Todo ello sin olvidar la garantía de los derechos fundamentales, incluyendo en el patrimonio de la persona el derecho a su identidad; conectando con la dignidad humana el secreto de las comunicaciones telefónicas, o avalando la normativa sobre la composición paritaria de las listas electorales.

Quizá su tarea jurisprudencial durante el año 2009 sea recordada por la reciente sentencia sobre el “Laudo Alfano”, pero es oportuno recordar ahora que en la última década el Tribunal ha resuelto una media de 473 asuntos por año y lo ha hecho en un tiempo razonable (menos de un año) y de una manera mucho más transparente que instancias similares de otros países, pues más de la tercera parte de sus decisiones se discuten en una audiencia pública.

Como recuerda un buen conocedor del trabajo de este tribunal, el profesor Alessandro Pizzorusso, la Corte costituzionale ha realizado a lo largo de más de cincuenta años una labor de educación en los valores de la Constitución, de los jueces, de los abogados y, en cierta medida, de los propios ciudadanos, que ha producido resultados positivos harto sorprendentes, frente a la desafección generalizada hacia los mismos valores antes mencionados y, añadiríamos nosotros, ante el estupor de los que no dudan en servirse de las instituciones para asaltar el estado democrático de derecho.

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