El próximo martes día 10 de marzo se debate en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida para despenalizar la venta de copias ilegales de discos compactos. Entre las razones alegadas está la desproporcionalidad que supone la previsión, incluida en el artículo 270.1 del Código Penal, de una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses, que puede ser superior a la que se impone en casos de robos con violencia o intimadación o lesiones. En esta línea, la asociación Proyecto Dos orillas está llevando a cabo una campaña de respaldo ciudadano a esta despenalización.
Esta misma asociación promueve el manifiesto Salvemos la hospitalidad para impedir que llegue a entrar el vigor el artículo 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería, que prevé una falta muy grave, con multa de 501 a 30.000 euros, “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”. En este manifiesto se reclama que únicamente se penalice cuando exista «ánimo de lucro» en el infractor.
Para un conocimiento exhaustivo de la progresiva conformación del inmigrante como destinatario prioritario del Código Penal y, en general, de la política criminal de exclusión, es de obligada lectura el estudio del profesor titular de derecho penal de la Universidad de A Coruña José Ángel Brandariz García titulado, precisamente, Política criminal de la exclusión, Comares, Granada, 2007.
El derecho y el revés 