Sobre la protección de la vida privada

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto que “si bien la principal finalidad del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es proteger a las personas contra las injerencias arbitrarias del poder público, puede además imponer obligaciones positivas para que se respete efectivamente la vida privada, aunque sujetas al margen de apreciación del Estado” (asunto Ress c. Reino Unido, 17 de octubre de 1986), precisando que estas obligaciones positivas “pueden implicar la adopción de medidas tendentes a asegurar el respeto de la vida privada incluso en las relaciones de los individuos” (asunto X e Y c. Países Bajos, sentencia de 26 de marzo de 1985). El artículo 8 del Convenio garantiza, en definitiva, el derecho al respeto efectivo de la vida privada y familiar (asunto Abdulziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido, 28 de mayo de 1985). 

Por tanto, el derecho a la vida privada tiene el doble carácter de derecho de libertad y de derecho de protección. A la hora de establecer si del artículo 8, en el caso concreto, se deriva una obligación positiva para el Estado, el Tribunal emplea el test del “justo equilibrio entre los intereses de la comunidad y los del particular”, que funciona en la práctica como trasunto del principio de proporcionalidad en sentido estricto (asunto López Ostra c. España, sentencia de 9 de diciembre de 1994). El derecho a la vida privada como derecho de protección se dirige no sólo frente al legislador o la administración, sino también frente a los jueces a los que se les exige que en la resolución judicial de un conflicto entre particulares protejan de manera de manera suficiente el interés del particular en el respeto de su vida privada.

El caso tal vez paradigmático de esa vía de afirmación de la eficacia indirecta frente a particulares lo constituyen los casos de divulgación por la prensa de informaciones relativas a la vida privada de una persona y su familia. En el asunto Von Hannover c. Alemania, de 24 de junio de 2004, el Tribunal consideró lesionado el derecho de la Princesa Carolina de Mónaco como consecuencia de la divulgación de fotos de escenas de su vida privada fuera de cualquier acto oficial, aunque algunas fueron tomadas en lugares públicos, con el argumento de que la protección del derecho “se extiende más allá del círculo familiar y privado y también incluye una dimensión social”, por lo que dentro de esos ámbitos “toda persona, incluso si es conocida por el gran público, debe gozar de un ‘legítima expectativa” de protección y respeto de su vida privada”.

Puede consultarse más información en el libro Las sentencias básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estudio y jurisprudencia, de Daniel Sarmiento, Javier Mieres y Miguel Á. Presno, Thomson, 2007.

 

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